La Justicia y la Agencia Tributaria investigan varios portales de apuestas en internet por posible evasión de impuestos – Los partidos políticos instan al Gobierno a que promueva una legislación que regule su actividad
F. Tadeo
Madrid- En este mundo moderno cualquier cosa está en juego. Las nuevas tecnologías han colocado sobre el tapete una infinidad de oportunidades para que uno se haga rico gracias a la suerte. En internet pueden encontrarse timbas de lo más curioso, como la relativa a la fecha de muerte del dictador Fidel Castro. No es cuestión de ética, sino de dinero. Y en la red de redes todo vale. Nada se escapa.
Los ludópatas han convertido el ordenador y el teléfono móvil en el refugio perfecto para hacer sus apuestas. Un refugio que puede ser peligroso, porque no tiene límites ni reglas. Se esconde en el búnker de la clandestinidad.
Gran parte de los operadores -se estima que existen entre 2.000 y 2.500 portales de ventas de boletos, cartones y quinielas en la red- actúan desde paraísos fiscales, como Gibraltar, Antillas Holandesas o Barbados, lo que hace aún más tractiva su actividad, ya que evitan el pago de impuestos.
Según un informe realizado por la ONCE, los casinos «on line» obtuvieron unos ingresos de 15.200 millones de dólares (21.600 millones de euros, aproximadamente), una vez descontados los premios ganados por los jugadores. Las casas de apuestas instaladas en Estados Unidos registraron el mayor crecimiento, de un 22%, pero en la actualidad la tendencia está cambiando por las restricciones impuestas por el Gobierno del país. La Administración norteamericana aprobó hace un año una ley que prohíbe al sector financiero aceptar pagos para este tipo de casinos a través de tarjetas de crédito y dinero electrónico.
Disparidad legislativa
La ley seca estadounidense ha provocado un efecto doble. Por una parte, la mayoría de las casas de juego han cerrado sus operaciones al otro lado del Atlántico y han volcado sus esfuerzos en otras regiones con regulaciones más favorables, como Europa y Asia. Por otra, se ha demostrado que es posible controlar este negocio.
En el Viejo Contienente no hay una normativa específica. En Reino Unido y Austria el sector está regulado y su actividad está permitida. Caso contrario es el de Francia, donde el pasado febrero se puso trabas a las casas ilegales. Esta legislación, que apareja sanciones millonarias, ha llevado al patrocinador del Sevilla Club de Fútbol, 888 Holdings, a cancelar todas sus operaciones en el país vecino.
En España existe un vacío legal. A priori, la explotación de juegos de azar vía internet sin autorización no está permitida. Únicamente tienen licencia la quiniela y las loterías gestionadas por el Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), además de las otorgadas por las comunidades autónomas, y, a día de hoy sólo Madrid dispone de una normativa concreta.
Los empresarios de máquinas recreativas, agrupados en la asociación Femara, han denunciado sistemáticamente la competencia desleal ante los tribunales y el Ministerio del Interior, con los argumentos de falta de controles y ausencia de pago de impuestos de los casinos virtuales.
Un juzgado de Barcelona ha escuchado las demandas de Femara y ya ha abierto diligencias contra una de estas casas, Miapuesta.com, por un posible delito de contrabando. Esta compañía esquiva la legislación al operar desde paraísos fiscales y, por tanto, no pagan ni el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) ni el IVA ni el IRPF.
La Fiscalía Anticorrupción también ha tomado cartas en el asunto y está analizando la posibilidad de abrir diligencias contra 888 Holdings y Bwin (patrocinador del Real Madrid), a instancias de la patronal por el mismo motivo.
A la Agencia Tributaria no se le escapa tampoco el problema y ha inciado una investigación para estudiar eventuales casos de fraude fiscal realizado por estas sociedades, que podría ascender a 1.000 millones de euros hasta 2010.
Escena política
Los partidos políticos se han dado cuenta de este problema que va en auge y se han puesto manos a la obra. Los más activos en este campo son el Partido Popular y CiU. La Comisión de Economía del Senado aprobó esta semana por unanimidad una moción que insta al Gobierno a elaborar una legislación que acote y defina las reglas del juego de los casinos «on line», en coordinación con las autonomías.
La senadora del PP, Andrea Fabra, explicó a este periódico la importancia de esta medida, porque el objetivo es reducir la incertidumbre existente en el sector. Además, señaló que las enmiendas propuestas por su partido en la moción incluyen la determinación de un órgano que supervise la actividad de este negocio, que podría ser el Servicio de Vigilancia Aduanera.
La disposición aprobada por la Comisión de Economía del Senado hace referencia, además, a la publicidad de las casas de apuestas por internet, cada vez más presentes en los diferentes medios de difusión, especialmente en la red. En España, los operadores privados de juego no están autorizados por la normativa, por lo que su publicidad podría definirse como ilegal. El patrocinio al Real Madrid y al Sevilla, por consiguiente, roza los límites de la legalidad. El primero recibirá 15 millones de euros anuales hasta 2010 por lucir en sus camisetas el nombre de Bwin, una sociedad radicada en Gibraltar, según consta en su página web.
A la iniciativa del Senado se sumará una Proposición no de Ley que presentará en el Congreso el Partido Popular en los próximos días con el fin de hacer frente a las nuevas formas de juego ilegal que se desarrollan en los diferentes canales electrónicos. El problema de la avalancha de este tipo de portales no sólo es dinerario. Los expertos apuntan que el juego por internet es «potencialmente más peligroso» para la ludopatía, debido a la falta de restricciones horarias y geográficas, el anonimato y el aislamiento social al poder participar desde casa o el trabajo sin controles, entre otras razones.
En la actualidad existen más de nueve millones de páginas web con la referencia «juego internet» en el buscador «on line» de referencia, Google. Este aluvión eleva a la enésima potencia la probalidad de que cualquier persona pueda participar en las apuestas con total desprotección. El informe elaborado por la ONCE considera que los jugadores españoles, en su mayoría, desconocen la procedencia y la solvencia del portal, lo que hace «imposible» realizar una reclamación en caso de fraude o deficencia del servicio. Otro desamparo de los usuarios es el desconocimiento de los usos que las casas de juegos puedan realizar en un futuro de sus datos personales, como el envío de correspondencia no autorizada, usurpación de la identidad o utilización de las tarjetas de crédito para compras fraudulentas.
La adicción de los españoles al juego por internet se ha multiplicado en los últimos años. En 2006, la facturación de los casinos «on line» creció un 65%. El volumen de movimiento alcanzó los 413 millones de euros, covirtiendo a España en el país con mayor aumento de la Unión Europea y en el sexto por la cifra de negocio, según un estudio de la Asociación Española de Apostadores Deportivos por Internet, formada por algunos de los operadores con el objetivo de defender una regulación favorable a sus intereses. El informe indica que hay 770.000 usuarios registrados en nuestro país, de los que 140.000 se consideran jugadores habituales, un 60% más que en 2005. No obstante, el número de visitantes de los portales es muy superior. Más de 3,5 millones de internautas accedieron a las páginas web de algún casino en el segundo trimestre, acercándose al peligro.