Alarma territorial por el parón inmobiliario

El tributo sobre la venta de casas cae en casi todas las autonomías

A. S.
BARCELONA
Desplome. Esa es la palabra que mejor describe la evolución de los ingresos autonómicos por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la tercera fuente de financiación territorial. La caída de la recaudación del tributo como consecuencia de la ralentización de la actividad inmobiliaria, que ya sufren este mismo año, se pronunciará en el próximo ejercicio, con descensos que, en casos como la comunidad de Madrid, serán prácticamente del 20%.

RETROCESOS ESTE AÑO
Los retrocesos son palpables ya en la ejecución presupuestaria hasta el pasado 30 de septiembre. En Madrid, lo recaudado ya está el 20% por debajo de lo previsto; en Catalunya, en el 11,6% y en Aragón, en el 13%. No es de extrañar ya que la mayoría preveían aumentos para el 2007 que superaban incluso el 45%, como es el caso de la comunidad valenciana. En esa comunidad aún prevén cierto crecimiento para el 2008 (2,6%), como en Andalucía (7,25%) o Castilla y León (3,3%). En todo caso, siempre muy por debajo de lo que habían calculado para el 2007.
Este descenso coincide con una etapa de rebajas fiscales en tributos cedidos como el que grava las herencias y donaciones. De hecho, las cuentas del 2008 se salvarán en muchas autonomías gracias al aumento de los ingresos procedentes de la participación en tributos estatales, en especial, del IRPF. De ahí que los aumentos de los presupuestos sean más modestos que en ejercicios precedentes, en los que predominaba la alegría inmobiliaria.
Esta situación ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. Uno de los que lo plantean es el conseller de Economia de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, quien ya ha recordado que habrá que cambiar el modelo.
Se trataría de evitar que las comunidades dependan tanto de impuestos muy coyunturales, como el de transmisiones patrimoniales, ligado de forma estrecha a la marcha del sector inmobiliario. Otras comunidades han mostrado también su inquietud en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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