Agencias.
Seis empresas del Grupo Llanera presentaron hoy la solicitud de concurso voluntario de acreedores en el Decanato de los Juzgados de Valencia, petición que tramitará el juzgado de lo Mercantil número 2, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Las sociedades que han presentado la solicitud de suspensión de pagos son Llanera SL, Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SLU, Llanera Urbanismo e Inmobiliaria SLU, Aldalondo, SLU, Descans Les Marines SLU y Patrimonial Arenall SLU. Estas empresas basan su petición en la situación de insolvencia inminente de cada una de ellas y del grupo que forman, y que ya ha producido como efectos la negativa de muchas entidades financieras a estructurar la deuda a largo plazo, según las fuentes.
El magistrado de lo Mercantil número 2 tendrá que dictar ahora un auto de declaración de concurso, en el que también se nombrará a las tres personas que a partir de ese momento serán los administradores concursales. Paralelamente, y con posterioridad a la presentación del concurso voluntario, un grupo de acreedores del grupo inmobiliario ha presentado la petición de concurso necesario, que el Decanato de los juzgados de Valencia ha trasladado al juzgado de lo Mercantil número 1.
No obstante, fuentes del TSJCV precisaron que ambas solicitudes de concurso deberán ser tramitadas en un solo juzgado, como establece la Ley Concursal
Crónica de una muerte anunciada
En las últimas semanas, los acreedores han hecho cola a las puertas de Llanera, entre ellos Lehman Brothers, que solicitó recientemente la ejecución de los 150 millones de euros que habilitó en diciembre de 2006 para financiar la última operación de la inmobiliaria valenciana.
A finales de septimbre, Llanera confirmaba sus apuros financieros y admitió impagos a proveedores. El acelerón provocado por la crisis de liquidez en el sistema financiero ha hecho que su capacidad de resistencia quede tocada.
Para hacer frente a las dificultades económicas, la compañía anunció una nueva oleada de despidos, con el objetivo de evitar la suspensión de pagos que, finalmente, no ha podido evitar.