El incremento de impuestos aprobado por el nuevo Gobierno del PP el pasado 30 de diciembre de 2011 ha elevado los tipos impositivos del IRPF del Reino de España a uno de los niveles más elevados de toda Europa. Si hasta la llegada del PP al Ejecutivo los gravámenes ya resultaban excesivamente elevados para impulsar una sana recuperación económica –pero, al menos, eran equiparables al de otras potencias europeas como Alemania, Francia o Reino Unido– a partir de 2012 España tendrá uno de los impuestos sobre la renta más elevados de Europa, a gran distancia de sus principales socios comunitarios.
El pretexto oficial para justificar el salvaje incremento en todos los tramos del IRPF ha sido la desviación en cerca de 20.000 millones de euros (un 2% del PIB) con respecto al objetivo de déficit para finales de 2011 (ubicado en el 6% del PIB). La imperativa urgencia de las medidas adoptadas no ha ido de la mano, sin embargo, de la calmada reflexión sobre su pertinencia. Subir impuestos ha sido la respuesta más sencilla para unos políticos renuentes a reducir su poder y su capacidad de gasto, pero no ha sido, ni remotamente, la respuesta más adecuada para nuestro tejido productivo.
Tras el “recargo solidario” del Gobierno de Mariano Rajoy, los tipos impositivos de nuestro IRPF se han elevado a uno de los niveles más altos de Europa, y no sólo en su tramo máximo sino en todos los restantes. España pasa a padecer gravámenes mayores que los de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia pero también Noruega. Sólo Finlandia y Suecia, dos socialdemocracias nórdicas con unos servicios públicos muy superiores a los nuestros, mantienen unos tipos impositivos comparables a los nuestros.
En definitiva, con la reforma tributaria, España ha empeorado extraordinariamente su situación y atractivo fiscal frente al resto de países, lo que redundará en una caída del consumo y del ahorro dentro de nuestro país. Una desastrosa decisión que, para más inri, tendrá un potencial recaudador bastante modesto debido a nuestra moderada renta per cápita (sustancialmente inferior a la del resto de países con unos gravámenes tan elevados como los nuestros). O, dicho de otro modo, asfixiaremos a la población simplemente para mantener un Estado del todo sobredimensionado e ineficiente.
1. Déficit público, un problema de excesivo gasto estatal.
No siendo la subida de impuestos nada positiva para la economía, ¿cabe al menos consolarse pensando que era inevitable? Tampoco. En este informe pondremos de manifiesto que el principal problema del déficit público no proviene de unos ingresos públicos insuficientes, sino de un excesivo gasto estatal.
Las Administraciones Públicas pensaron durante la burbuja inmobiliaria que los ingentes ingresos tributarios derivados de la misma tenían un carácter estructural y comenzaron a consolidar unos volúmenes de gasto público muchísimo mayores a los que podíamos sufragar una vez desaparecieran esa recaudación extraordinaria y no recurrente. No es casualidad, de hecho, que fueran Irlanda, Grecia y España quienes más aumentaron el gasto público entre el 2001 y 2007. Si, por el contrario, nuestros gobernantes hubiesen optado por emular la evolución del gasto público alemán entre 2001 y 2007, hoy disfrutaríamos de superávit presupuestario aun cuando a partir de 2008 nuestro gasto público hubiese aumentado en la misma cuantía en que lo hizo.
No son pocas las voces que, sin embargo, denuncian que la presión fiscal española es relativamente baja con respecto a la media europea. A este respecto, es menester efectuar varias matizaciones.
Primero, ni las épocas de auge económico artificial ni las crisis inacabadas son los mejores momentos para tratar de medir la relación estable entre el PIB y el sector público: en ambos casos el PIB es susceptible de reducirse a corto o medio plazo, incrementando de este modo el peso relativo del sector público sin necesidad de incrementar el gasto total (o incluso reduciéndolo tímidamente).
Segundo, más allá de nuestra posición relativa con respecto a Europa, lo cierto es que los principales problemas a resolver por parte de la economía española son, por un lado, acabar con el déficit público y, segundo, favorecer la recuperación del sector privado. Únicamente reduciendo el gasto público se lograría atajar el déficit sin dificultar y entorpecer todavía más al sector privado.
Y, por último, recordamos que, en caso de querer efectuar comparativas internacionales sobre los ingresos y gastos públicos, es menester corregir ambos indicadores a través de un parámetro –la renta per cápita– que permita efectuar comparaciones homogéneas entre países con grados de desarrollo distintos: el esfuerzo fiscal y el esfuerzo de sostenibilidad del gasto público. En este sentido, el resultado de ambos indicadores es claro: el esfuerzo fiscal de los españoles está en la media de la Eurozona pero su esfuerzo para sostener el gasto púbico está notablemente por encima. Por ello, las prescripciones de estos indicadores revisados irían en consonancia con las sugerencias del resto del informe: no es que el esfuerzo fiscal sea demasiado bajo, es que el esfuerzo de sostenibilidad del gasto público es demasiado elevado con respecto a Europa.
El Gobierno de Mariano Rajoy, empero, ha optado por subir impuestos y exprimir un poco más a los contribuyentes con tal de sustentar un modelo de Estado hipertrofiado, propio de la época de la burbuja, y que se resiste a volverse austero como sí ha hecho la economía privada. Un error gubernamental que todos los españoles pagarán muy caro no sólo por el sangrante recorte en su renta disponible sino, también, por unas menores expectativas de recuperación.
2. El IRPF español en el contexto internacional.
El Gobierno popular de Mariano Rajoy aprobó aplicar el pasado 30 de diciembre de 2011 un “recargo de solidaridad” a los distintos tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que deja los gravámenes del siguiente modo:
Un indicador habitualmente empleado para comparar los niveles impositivos de un país es el de los distintos tipos marginales máximos sobre la renta. En tal caso, es fácil comprobar que España se ha convertido en el tercer país de toda la Unión Europea con un tipo marginal máximo más elevado.
De hecho, si consideráramos las tarifas autonómicas que algunas comunidades autónomas han añadido a los tramos superiores del IRPF español, nos encontraríamos con que en Cataluña el tipo marginal máximo asciende al 56%, en Asturias al 55,5%, en Andalucía, Extremadura y Cantabria al 55% y en la Comunidad Valenciana al 54%, lo que las convierte en las regiones con un tipo marginal máximo más elevado de Europa, con la única salvedad de Suecia.
Continuará…
Informe extraído de Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana 23 de Enero del 2012.